Analizan la creciente politización del sistema de justicia en México
Especialistas y organismos señalan una preocupante tendencia en la aplicación de la justicia, advirtiendo sobre la selectividad en los procesos judiciales actuales.
En el contexto actual de julio de 2026, diversos sectores de la sociedad civil y especialistas en derecho han manifestado inquietud por lo que denominan una politización del sistema de justicia en México. Esta problemática se centra en la percepción de que la Fiscalía General de la República y diversos órganos jurisdiccionales actúan bajo criterios de conveniencia política, afectando la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Poder Ejecutivo.
El debate se intensifica ante la aparente disparidad en la atención de casos de corrupción, donde organismos ciudadanos señalan que ciertos funcionarios de la administración federal cuentan con mecanismos de protección institucional. Esta situación, según académicos de la UNAM y analistas, genera un clima de incertidumbre jurídica que debilita el Estado de Derecho, al sugerir que la justicia se aplica con una vara distinta dependiendo de la filiación política de los involucrados.
Desde la óptica de los organismos defensores de derechos humanos, la falta de resultados contundentes en investigaciones de alto perfil ha derivado en críticas constantes hacia la gestión de la procuración de justicia. Se argumenta que la cercanía entre las cúpulas del régimen y los encargados de la justicia ha derivado en pactos de impunidad, dificultando que los procesos judiciales transcurran con la autonomía técnica requerida por la Constitución.
Ante este escenario, diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión han propuesto iniciativas para fortalecer la independencia de los juzgadores y garantizar que las fiscalías operen sin consignas partidistas. Estas propuestas buscan implementar controles más estrictos sobre los nombramientos en el Poder Judicial y en la FGR, con el objetivo de restaurar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia.
La controversia no es menor, pues el equilibrio de poderes es un pilar fundamental para la estabilidad democrática del país. Mientras el gobierno sostiene que sus acciones se enmarcan en una reforma profunda de las instituciones, la oposición y sectores académicos insisten en que la justicia no debe ser utilizada como un instrumento de presión política ni como un escudo para evitar la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder público.
