FGR emite nuevas órdenes de aprehensión por huachicol fiscal en México
Autoridades federales buscan a accionistas y socios involucrados en una red de contrabando de combustibles que generó ganancias ilícitas por 340 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido nuevas órdenes de aprehensión contra una red de personas físicas y morales presuntamente involucradas en actividades de huachicol fiscal. Las investigaciones señalan que este esquema de evasión y contrabando de hidrocarburos ha permitido la obtención de ganancias ilícitas estimadas en 340 millones de pesos, afectando directamente la recaudación del Estado mexicano a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las diligencias judiciales se han extendido a seis entidades federativas de la República, donde se busca la captura de diversos accionistas, apoderados legales, socios y enlaces operativos de empresas fachada. Estas organizaciones habrían utilizado esquemas de facturación falsa y documentación apócrifa para introducir combustibles al país evadiendo el pago de impuestos correspondientes, bajo una estructura corporativa diseñada para ocultar el origen y destino de los productos petrolíferos.
Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes ministeriales trabajan en coordinación para ejecutar los mandamientos judiciales en los estados identificados como puntos estratégicos de esta red. Según fuentes cercanas al caso, los implicados habrían facilitado el transporte y la comercialización ilegal de hidrocarburos mediante licencias y permisos que carecían de sustento legal, burlando los controles de las autoridades energéticas.
El despliegue operativo forma parte de una estrategia integral del Gobierno Federal para combatir el robo de combustibles y el contrabando fiscal, delitos que impactan la estabilidad del mercado energético. La FGR ha reiterado que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de desarticular no solo a los operadores logísticos, sino también a los niveles directivos de las empresas involucradas que permitieron el blanqueo de los recursos obtenidos de manera irregular.
Se espera que, conforme avance el proceso judicial, se presenten pruebas contundentes ante los jueces de control para vincular a proceso a los detenidos. Mientras tanto, las autoridades hacendarias mantienen una vigilancia estricta sobre los registros de importación de combustibles en las aduanas para prevenir que estas prácticas sigan vulnerando el erario público y la legalidad del sector energético nacional.
