Fiscalía de Oaxaca investiga a seis alcaldes por nexos delictivos
La Fiscalía General del Estado ha iniciado carpetas de investigación contra seis presidentes municipales tras el reciente caso de inseguridad registrado en Juchitán.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha confirmado la apertura de carpetas de investigación contra al menos seis presidentes municipales de distintas regiones de la entidad. Estas acciones legales responden a posibles vínculos con grupos de la delincuencia organizada, tras el análisis de las redes de operación detectadas a raíz de los recientes acontecimientos violentos ocurridos en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
El fiscal general del estado señaló que las indagatorias buscan determinar si existen omisiones o participación directa de las autoridades locales en actividades ilícitas que vulneran la seguridad pública de sus demarcaciones. Según las autoridades estatales, la integración de estos expedientes cuenta con el respaldo de trabajos de inteligencia coordinados con instancias federales para asegurar la integridad de las pruebas recabadas durante el proceso.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado ha reforzado la presencia de la policía estatal y la Guardia Nacional en los municipios bajo investigación. Esta medida preventiva tiene como objetivo garantizar la gobernabilidad y proteger a la ciudadanía mientras las autoridades judiciales llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.
La administración estatal ha reiterado que no habrá impunidad en el ejercicio de la función pública, independientemente de la filiación política de los funcionarios señalados. Las autoridades han hecho un llamado a la transparencia y a la colaboración de los integrantes de los cabildos municipales para facilitar el desahogo de las investigaciones en curso ante el Ministerio Público local.
De resultar acreditada la responsabilidad de los ediles, los expedientes serán turnados a las instancias competentes para proceder conforme a derecho. Mientras tanto, los procesos administrativos y judiciales continuarán bajo reserva, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los involucrados en las investigaciones actuales.


