Juzgador en Yucatán defiende finiquito superior al millón de pesos

Un juzgador adscrito al Poder Judicial del estado de Yucatán ha defendido públicamente el cobro de un finiquito superior al millón de pesos, correspondiente a su liquidación tras concluir un ciclo de doce años de labores ininterrumpidas. El funcionario señaló que dicho monto se encuentra calculado conforme a los lineamientos legales vigentes para el retiro de los integrantes de la carrera judicial en la entidad, desestimando las críticas surgidas en torno a la cuantía de la prestación.

La defensa del juzgador se centra en la aplicación de las normativas internas y los derechos laborales adquiridos durante su trayectoria en los tribunales locales. Según lo expuesto por su equipo de representación, el cálculo del pago se realizó mediante una fórmula que contempla la antigüedad, el nivel de responsabilidad desempeñado y las compensaciones estipuladas en el marco jurídico que regula la administración de justicia en Yucatán.

Este caso ha generado diversas posturas entre los observadores del sistema judicial, quienes analizan la congruencia de estas remuneraciones frente a las políticas de austeridad que se han impulsado en diversos órdenes de gobierno a nivel nacional. Mientras que el sector judicial defiende la autonomía en la determinación de sus prestaciones, voces de la sociedad civil han solicitado mayor transparencia en la desglose de los conceptos que integran los pagos de retiro para los altos funcionarios.

El funcionario enfatizó que su salida de la institución obedece a decisiones de carácter personal y no representa una irregularidad administrativa. Por su parte, la administración del Poder Judicial estatal ha mantenido una postura institucional, señalando que cualquier pago realizado a excolaboradores debe cumplir estrictamente con lo establecido en el presupuesto de egresos y las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria del estado.

Hasta el momento, no se han reportado investigaciones de oficio por parte de los órganos de control interno respecto a este pago específico. La situación permanece bajo el escrutinio de diversos sectores locales que vigilan la gestión de los recursos públicos destinados a la burocracia judicial en el sureste mexicano.