ONU-DH señala deficiencias en la aplicación de la ley contra desapariciones en México

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió este viernes sobre la falta de aplicación efectiva de la normativa vigente para combatir el fenómeno de la desaparición de personas en territorio nacional. Alan García, representante del organismo internacional, señaló que la persistencia de esta problemática exige una respuesta institucional más robusta, fundamentada en la especialización y la capacitación constante de los servidores públicos responsables de la investigación y búsqueda.

Durante su intervención, el representante de la ONU-DH subrayó que la atención de las desapariciones requiere instituciones que cuenten con los recursos necesarios y el personal debidamente formado para manejar la complejidad de estos casos. Según el diagnóstico expuesto por el organismo, las fiscalías y las comisiones de búsqueda deben superar las barreras burocráticas que, en la práctica, limitan el acceso a la justicia y la localización efectiva de las víctimas en diversas entidades federativas.

El organismo internacional reiteró la importancia de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, con el fin de armonizar los protocolos de actuación. La propuesta central de la ONU-DH apunta a que el Estado mexicano priorice la creación de unidades especializadas que no solo cuenten con herramientas tecnológicas de vanguardia, sino también con un enfoque integral que contemple la atención a las familias y la protección de los derechos humanos en todas las etapas del proceso judicial.

Finalmente, la ONU-DH hizo un llamado a las autoridades mexicanas para asegurar que las políticas públicas en materia de seguridad y justicia se traduzcan en resultados tangibles para la sociedad civil. La organización insistió en que el fortalecimiento institucional debe ser una prioridad en la agenda gubernamental, garantizando que los mecanismos de protección y búsqueda operen bajo estándares internacionales que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas frente a una crisis que sigue afectando a miles de familias en el país.