Sheinbaum: EU no presentó pruebas adicionales contra Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este miércoles que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado evidencia adicional para sustentar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según la mandataria, la respuesta recibida por las autoridades estadounidenses indica que no existe una obligación legal de entregar pruebas complementarias en esta etapa del proceso de extradición.

El caso, que ha mantenido una tensión diplomática constante en los últimos meses, se deriva de una investigación que involucra a diversos actores políticos en Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó anteriormente que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos es el único documento formal que sustenta el procedimiento actual contra los señalados.

Sheinbaum subrayó que el Ejecutivo federal mantiene una postura de respeto a los procesos judiciales, al tiempo que enfatizó la importancia de que cualquier requerimiento internacional se apegue estrictamente a los tratados de cooperación bilateral vigentes. La presidenta reiteró que su administración no intervendrá en las decisiones del Poder Judicial respecto a este trámite, permitiendo que la FGR y los jueces competentes analicen la validez de la documentación enviada por Washington.

En el contexto de la relación con el país vecino, la jefa del Ejecutivo recordó que el flujo de información en temas de seguridad es constante, pero diferenciado de las etapas procesales de extradición. La administración federal sostiene que los señalamientos contra funcionarios públicos deben ser tratados con transparencia, asegurando que hasta el momento no se han recibido detalles técnicos ni materiales probatorios de peso que modifiquen la situación legal del gobernador sinaloense ante las autoridades mexicanas.

La situación de Rocha Moya ha generado un intenso debate en el Congreso de la Unión y en la opinión pública, dividiendo posturas sobre el impacto de la política de seguridad estadounidense en la soberanía nacional. El gobierno mexicano continúa a la espera de que los canales diplomáticos definan los próximos pasos, mientras la FGR sigue analizando el expediente remitido para determinar si cumple con los requisitos constitucionales establecidos por la ley mexicana.