Sheinbaum propone erradicar el nepotismo en cargos públicos para 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este miércoles su postura frente a la ética en la función pública, al señalar que el nepotismo representa un daño estructural para el país. Durante su comunicación matutina, la mandataria subrayó que su administración ha fijado como meta institucional la erradicación total de esta práctica en los niveles gubernamentales para el año 2030, buscando fortalecer la integridad en la toma de decisiones.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que, aunque se han registrado avances significativos en el combate a la corrupción y el tráfico de influencias desde el inicio de su gestión, aún persisten retos que requieren ajustes normativos más estrictos. Según lo expresado por el equipo de comunicación de la Presidencia, el objetivo central es garantizar que el acceso a los cargos públicos se base exclusivamente en el mérito profesional y la capacidad técnica, eliminando cualquier vestigio de vínculos familiares en la asignación de plazas dentro de la estructura gubernamental.

La propuesta de la administración federal contempla una serie de reformas administrativas que buscan blindar a las dependencias de los tres órdenes de gobierno contra el nepotismo electoral y administrativo. Aunque los detalles técnicos de la iniciativa aún están siendo analizados por las áreas jurídicas de la Presidencia y la Consejería Jurídica, se prevé que el proyecto busque una mayor armonización con las leyes de responsabilidades administrativas vigentes en el país.

Sheinbaum enfatizó que el combate a estas prácticas es una demanda ciudadana constante que busca elevar la confianza en las instituciones del Estado mexicano. La administración confía en que, mediante la implementación de nuevos mecanismos de control y vigilancia, se pueda consolidar un modelo de servicio público más transparente y equitativo para el cierre de la administración actual.

Finalmente, se informó que el diálogo con los sectores involucrados continuará en los próximos meses para definir los alcances legales de estas medidas. La Presidencia de la República reafirmó su intención de trabajar de la mano con el Congreso de la Unión para que la normativa necesaria sea discutida y, en su caso, aprobada conforme a los tiempos legislativos previstos para el cumplimiento de esta meta sexenal.