Venta ilegal de tabaco resta 35 mil millones al erario mexicano
El mercado ilícito de cigarros desafía al fisco mediante una estrategia mixta de contrabando y producción local, según especialistas.
La venta de tabaco ilegal en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para las finanzas públicas, a pesar de los ajustes realizados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De acuerdo con análisis del Colegio de México (Colmex), este fenómeno persiste debido a una sofisticada estrategia del crimen organizado que combina el contrabando internacional con la fabricación de productos en laboratorios clandestinos dentro del territorio nacional.
Esta competencia asimétrica ha logrado desplazar una porción significativa del mercado formal, ofreciendo precios considerablemente más bajos al consumidor final. Según los expertos, la red delictiva ha diversificado sus canales de distribución, utilizando desde puntos de venta informales en mercados públicos hasta plataformas digitales que evaden los controles sanitarios y fiscales de la Secretaría de Salud y el SAT.
La SHCP ha enfrentado retos importantes para contener este flujo de mercancías que carecen de los sellos de autenticidad requeridos por la ley. A pesar de los operativos coordinados por la Guardia Nacional y las autoridades aduaneras, la capacidad de respuesta del Estado se ve limitada por la velocidad con la que los grupos delictivos ajustan sus rutas de suministro y sus métodos de producción local.
Para el sector académico, el problema trasciende la recaudación fiscal y se convierte en un desafío de seguridad pública. La falta de control sobre la calidad y los componentes de los cigarros ilegales representa un riesgo sanitario mayor, al no cumplir con las normas oficiales mexicanas vigentes que regulan los insumos permitidos en la industria del tabaco.
Especialistas consultados sugieren que la solución requiere de una estrategia integral que fortalezca el intercambio de información entre las autoridades de inteligencia financiera y las agencias de seguridad. La propuesta apunta hacia una mayor vigilancia en las fronteras y un monitoreo más estrecho de las cadenas de suministro de materias primas utilizadas para la fabricación ilícita de estos productos.
