FGR confirma identificación de cinco mineros desaparecidos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que ha logrado la identificación oficial de cinco de los diez mineros que fueron reportados como secuestrados en el estado de Sinaloa meses atrás. Los restos humanos fueron localizados originalmente en un predio ubicado en la zona de El Verde, perteneciente al municipio de Concordia, tras operativos de búsqueda realizados por fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con los reportes oficiales, el proceso de identificación se llevó a cabo mediante pruebas de genética forense realizadas por especialistas de la institución. Las autoridades señalaron que, además de los cinco cuerpos ya identificados, existen otros cinco restos humanos que actualmente se encuentran en proceso de análisis pericial para determinar su identidad y confirmar si corresponden a la totalidad del grupo de trabajadores desaparecidos.

El hallazgo es resultado de las investigaciones iniciadas a principios de año, tras la denuncia interpuesta por familiares de los mineros ante la desaparición forzada del grupo. La zona de El Verde ha sido objeto de diversos despliegues tácticos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes mantienen un cerco de seguridad en el área para facilitar las labores de los peritos de la Fiscalía.

La dependencia federal aseguró que mantiene comunicación directa con las familias de las víctimas para brindarles el acompañamiento necesario ante los resultados de las pruebas forenses. Asimismo, las autoridades ministeriales indicaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar las circunstancias exactas de los hechos y dar con los responsables de este crimen que mantuvo en vilo a la comunidad minera de Sinaloa.

Se espera que en los próximos días la FGR emita un informe complementario sobre los avances en la identificación de los cinco cuerpos restantes. Mientras tanto, las autoridades locales han exhortado a la población a mantener la calma y permitir que las diligencias legales se realicen conforme a los protocolos establecidos por el sistema de justicia penal en México.